La minera estadounidense Doe Run incumplió este martes el último plazo dado por las autoridades peruanas para reiniciar actividades con las garantías ambientales requeridas, con lo que el gobierno quedó expedito para cancelar sus operaciones en un complejo metalúrgico en el centro del país.
La minera estadounidense Doe Run incumplió este martes el último plazo dado por las autoridades peruanas para reiniciar actividades con las garantías ambientales requeridas, con lo que el gobierno quedó expedito para cancelar sus operaciones en un complejo metalúrgico en el centro del país.
La empresa, propiedad del Grupo Renco de Estados Unidos, planteó sin embargo en un comunicado que reiniciará operaciones en una fecha posterior (sin precisarla) en vista de que "subsisten temas que requieren ser solucionados para garantizar la sostenibilidad del complejo metalúrgico de La Oroya".
En un aviso pagado en la prensa local, Doe Run se comprometió a continuar pagando el 70% del salario a los trabajadores, como lo ha hecho en los 13 meses que lleva cerrada la metalúrgica.
En su comunicado la empresa señala que presentó a sus acreedores un plan de negocios para reiniciar sus operaciones, que incluye el pago del total de la deuda y la constitución de garantías para un socio estratégico que otorgará el financiamiento.
Según la empresa, esa propuesta fue acogida "positivamente" por el gobierno y Doe Run está en el proceso de formalizar su compromiso con los acreedores.
El ministerio de Energía y Minas (MEM) había ratificado el viernes que el plazo máximo para la entrada en operación de Doe Run vencía este martes, por lo que se considera inminente el cierre de la empresa, donde laboran 3.500 trabajadores.
Vencido el plazo el gobierno ha mantenido silencio sobre el tema, aunque una fuente del MEM que requirió anonimato dijo a la AFP que en las próximas horas habría un pronunciamiento oficial del ministro del sector, Pedro Sánchez.
La ministra de Trabajo, Manuela García, dijo este martes que ante el probable cierre de la empresa se pondrá en práctica un plan para reubicar a los trabajadores en otros proyectos mineros del país.
Doe Run controla el complejo metalúrgico de La Oroya desde 1997 en que se privatizó, pero cerró sus operaciones en junio del año pasado argumentando que fue afectada por la crisis financiera mundial, por la baja de los precios de los metales y por la suspensión de un crédito de un grupo de bancos extranjeros.
La Oroya, ciudad de unos 30.000 habitantes ubicada a 185 km al este de Lima y sobre los 3.500 metros de altitud, vive de la minería desde hace más de cien años y es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Sin embargo la mayoría de los habitantes defiende a la empresa por las fuentes de trabajo que genera.
En la fundición y refinería que forman el complejo metalúrgico se transforman los minerales típicos de los Andes peruanos como cobre, zinc, plata, plomo, bismuto, oro, selenio, telurio y antimonio. Asimismo, la empresa explota la mina polimetálica Cobriza, también en la región central e igualmente paralizada.
La minera debe unos 200 millones de dólares a proveedores y al fisco por impuestos e incumple con el financiamiento de 160 millones de dólares para poner en práctica un plan de defensa del medio ambiente. En los últimos años obtuvo plazos para adecuarse al programa medioambiental, pero siempre los incumplió.
Al vencer el plazo, trabajadores de Doe Run acudieron a su centro de labores pero constataron que no había minerales para procesar, informó Royberto Guzmán, secretario general del sindicato de la empresa.
El dirigente dijo que el inminente cierre de Doe Run crearía un grave problema social en La Oroya, cuya población depende económicamente del complejo.
En enero pasado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expulsó de su seno a Doe Run por no tener voluntad de solucionar sus problemas ni cumplir con sus compromisos.
La minera estadounidense Doe Run incumplió este martes el último plazo dado por las autoridades peruanas para reiniciar actividades con las garantías ambientales requeridas, con lo que el gobierno quedó expedito para cancelar sus operaciones en un complejo metalúrgico en el centro del país.
La empresa, propiedad del Grupo Renco de Estados Unidos, planteó sin embargo en un comunicado que reiniciará operaciones en una fecha posterior (sin precisarla) en vista de que "subsisten temas que requieren ser solucionados para garantizar la sostenibilidad del complejo metalúrgico de La Oroya".
En un aviso pagado en la prensa local, Doe Run se comprometió a continuar pagando el 70% del salario a los trabajadores, como lo ha hecho en los 13 meses que lleva cerrada la metalúrgica.
En su comunicado la empresa señala que presentó a sus acreedores un plan de negocios para reiniciar sus operaciones, que incluye el pago del total de la deuda y la constitución de garantías para un socio estratégico que otorgará el financiamiento.
Según la empresa, esa propuesta fue acogida "positivamente" por el gobierno y Doe Run está en el proceso de formalizar su compromiso con los acreedores.
El ministerio de Energía y Minas (MEM) había ratificado el viernes que el plazo máximo para la entrada en operación de Doe Run vencía este martes, por lo que se considera inminente el cierre de la empresa, donde laboran 3.500 trabajadores.
Vencido el plazo el gobierno ha mantenido silencio sobre el tema, aunque una fuente del MEM que requirió anonimato dijo a la AFP que en las próximas horas habría un pronunciamiento oficial del ministro del sector, Pedro Sánchez.
La ministra de Trabajo, Manuela García, dijo este martes que ante el probable cierre de la empresa se pondrá en práctica un plan para reubicar a los trabajadores en otros proyectos mineros del país.
Doe Run controla el complejo metalúrgico de La Oroya desde 1997 en que se privatizó, pero cerró sus operaciones en junio del año pasado argumentando que fue afectada por la crisis financiera mundial, por la baja de los precios de los metales y por la suspensión de un crédito de un grupo de bancos extranjeros.
La Oroya, ciudad de unos 30.000 habitantes ubicada a 185 km al este de Lima y sobre los 3.500 metros de altitud, vive de la minería desde hace más de cien años y es considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Sin embargo la mayoría de los habitantes defiende a la empresa por las fuentes de trabajo que genera.
En la fundición y refinería que forman el complejo metalúrgico se transforman los minerales típicos de los Andes peruanos como cobre, zinc, plata, plomo, bismuto, oro, selenio, telurio y antimonio. Asimismo, la empresa explota la mina polimetálica Cobriza, también en la región central e igualmente paralizada.
La minera debe unos 200 millones de dólares a proveedores y al fisco por impuestos e incumple con el financiamiento de 160 millones de dólares para poner en práctica un plan de defensa del medio ambiente. En los últimos años obtuvo plazos para adecuarse al programa medioambiental, pero siempre los incumplió.
Al vencer el plazo, trabajadores de Doe Run acudieron a su centro de labores pero constataron que no había minerales para procesar, informó Royberto Guzmán, secretario general del sindicato de la empresa.
El dirigente dijo que el inminente cierre de Doe Run crearía un grave problema social en La Oroya, cuya población depende económicamente del complejo.
En enero pasado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expulsó de su seno a Doe Run por no tener voluntad de solucionar sus problemas ni cumplir con sus compromisos.
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