“El pago de las remuneraciones de los docentes debe ser asumido por el Estado con los fondos provenientes del Tesoro Público, pues así lo establecen la Constitución y la Ley Universitaria”, expresó el rector de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Antonio Díaz Saucedo, en desacuerdo con el artículo 7° de la Ley 29914, promulgada recientemente, que dispone el uso de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) para financiar el ascenso del personal docente de las universidades públicas.

“El pago de las remuneraciones de los docentes debe ser asumido por el Estado con los fondos provenientes del Tesoro Público, pues así lo establecen la Constitución y la Ley Universitaria”, expresó el rector de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Antonio Díaz Saucedo, en desacuerdo con el artículo 7° de la Ley 29914, promulgada recientemente, que dispone el uso de los Recursos Directamente Recaudados (RDR) para financiar el ascenso del personal docente de las universidades públicas.

Díaz Saucedo refirió que La Cantuta, la ANR y otras universidades del país se han pronunciado sobre este artículo ilegal, privatizador y atentatorio, ya que ante presupuestos mezquinos, los recursos directamente recaudados permiten a las universidades públicas financiar la formación profesional de los estudiantes, la investigación, la infraestructura, laboratorios, bibliotecas, talleres, prácticas profesionales, entre otras importantes funciones de la actividad administrativa y académica.

Asimismo, dijo que el gobierno y el Ministerio de Economía y Finanzas no deben evadir su responsabilidad, sino autorizar los créditos suplementarios para que las universidades públicas puedan cumplir con el pago de las nuevas remuneraciones por el ascenso de categoría y atender las demandas de nivelación de la homologación de los docentes asociados y auxiliares.

“El artículo 7 de dicha ley constituye un avance hacia la privatización de la educación universitaria, porque financiar el pago de los ascensos de los docentes, implica la imposición de nuevas tasas por todo tipo de servicios a los estudiantes, como lo hacen la universidades privadas”, señaló la máxima autoridad de la Universidad La Cantuta.

Finalmente, exigió a nombre de la comunidad universitaria, la derogatoria de dicho artículo y la ampliación efectiva de Recursos Ordinarios del Presupuesto de las universidades públicas, porque la única alternativa que tiene el Perú de superar su atraso es invirtiendo en educación, investigación y desarrollo.

Fuente: http://www.une.edu.pe/