Javier Alvarado y sus complices en el banquillo de los acusados

Escribe: Néstor Roque Solís (*)

Javier Alvarado y sus principales funcionarios próximamente estarán en el banquillo de los acusados del Poder Judicial y del Congreso Nacional, ahora sí parece que no tiene escapatoria el dictador de la región Lima. Igual destino correrán algunos consejeros regionales liderados por el tránsfuga Marcial Palomino por no haber cumplido con su función de fiscalización y control. La justicia tarde pero llega, a pesar que parlamentarios apristas y fujimoristas no quieren aprobar en el Congreso  la ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

El Ministerio Público y el Congreso Nacional han encontrado claros indicios de peculado y malversación millonaria de Javier Alvarado como alcalde en el distrito de Lunahuaná y la provincia de Cañete, y ahora como Presidente del Gobierno Regional de Lima ya salen a luz sus andanzas millonarias con inversionistas españoles y el Grupo Wong que pretende tomar posesión a sangre y fuego la empresa Andahuasi del valle Huaura Sayán.

Frente a estas andanzas millonarias de Javier Alvarado el Consejo Regional de Lima ha sido incapaz en estos diez meses formular alternativas de fiscalización y control para la región. Es un Consejo Regional para el fracaso y la politiquería. Es un Consejo para la vendetta e incapaz de investigar estos hechos que ya están en la agenda de trabajo de la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso Nacional.

Es previsible que la mayoría de consejeros acaben encaramados en  la runfla de políticos solo sirviente al poder, para decirle si al denunciado Javier Alvarado, con lo cual ha perdido su razón de ser, sería mejor que se vayan a su casa, con la excepción-- de cuatro consejeros-- que siguen firme en su tarea de independencia de poderes en la administración regional.

En cualquier caso, la situación expresa un vacío político y de alternativas que ensombrece aun más el panorama de la administración regional para el corto y mediano plazo. En medio de una crisis sin parangón en la historia, estos consejeros que han dicho sí a todo lo que el patrón ordena tienen los días contados, que  lejos de ofrecer debates o proposiciones sobre los gravísimos problemas que tiene el Gobierno Regional  hacen  el ridículo en términos de normatividad y fiscalización, que hace muchas veces que los ciudadanos no confíen en la política y en la democracia de la nación.

¿Qué sustento real podrá tener un consejo regional de semejante comportamiento de servil al poder de turno? ¿Cómo podría un consejo regional débil y mediocre enfrentar la crisis de la educación, la salud y la seguridad ciudadana? Cuando solo tenemos un consejo regional de adorno, creo que sería mejor que no exista, solo dándole más potestad a la sociedad civil para la fiscalización y control por intermedio de los Consejo de Coordinación Regional creo que tendría mejores resultados y empoderamiento con la sociedad civil.

Frente a la crisis política y social, se requiere una renovación de dirigentes y nuevas propuestas políticas inmediatas. Y es en la política y en la gobernabilidad donde justamente se encuentra trabada la situación regional. De aquí para adelante puede pasar muchas cosas, incluso vacancias y revocatorias en la región Lima. Pero algo es seguro y, aunque trillado, conviene repetirlo: la gestión del Consejo Regional de Lima  tiene horror de vacío e incapacidad. Tarde o temprano alguien va a caer por corrupción e incapacidad, pero no será por merito funcional del Consejo Regional sino por otras instancias de los Poderes del Estado.

Una radiografía de la situación actual muestra una región quebrado, corrupto y sin visión de futuro, al menos en relación a sus exigencias inmediatas, y no hay capacidad para enmendar errores. Sin salida técnica y política es imposible avizorar una región de éxitos y logros a favor de sus habitantes: puesto que las autoridades no representan los intereses ciudadanos, y aunque quisieran no tienen la capacidad para representarlos por incompetencia y debilidad, y al final acabarán por diluir los reclamos sociales en mínimas concesiones y atenciones, pero cada día se incrementara una despiadada corrupción económica, política y administrativa nunca antes visto en la historia regional.

Frente a esta dura realidad, se abren dos caminos para los ciudadanos de la región. Uno, conformarse con recuperar parte de lo perdido, adormilarse otra vez y dejar que el Gobierno Regional de Lima siga por la pendiente del delito que lo lleve a una crisis mayor. O levantar la cabeza, recuperar todo lo útil y motivo de orgullo de la historia y echar por la borda todo lo inservible para construir una región democrática y de libertad para todos.

Pero esta alternativa exige refundar la política y la gestión regional, echar las bases de una nueva administración regional, porque nada de lo actualmente existente sirve a los intereses de los habitantes y a las aspiraciones de la sociedad regional. Se mire por donde se mire, todo está obsoleto, caduco, deshecho y podrido. Tampoco funcionan los partidos y movimientos políticos, ellos también han devenido en un negocio especulativo arruinado, controlado por dirigentes mafiosos y poco interesados en servir a sus pueblos.

Sin embargo, es preciso comenzar a considerar que todo lo que no funciona es sólo el síntoma de algo más profundo, de una cultura, de una manera de estar y vivir en sociedad. Una sociedad desarrollada no se define por lo económico o tecnológico, sino esencialmente por la cantidad, variedad y sofisticación de los acuerdos vigentes entre todas las clases y sectores y por el nivel de su cumplimiento en la vida cotidiana. Solamente la ley no genera desarrollo, eso lo tienen todas las regiones, más o menos buena.

Cuanto más alto es el nivel de cumplimiento de los códigos, más desarrollada es la sociedad. El Perú y sus regiones todavía es subdesarrollada, porque sus leyes, acuerdos, los que existen casi nadie los cumple y hay por un lado un profundo conformismo frente a las violaciones y, por otro, una expandida glorificación de la picardía criolla para que los mafiosos puedan sacar ventaja  en la jungla del poder real y del poder fáctico que vemos todos los días.

Ningún dirigente o militante político debe ser considerado creíble si no levanta su voz para denunciar la corrupción y los malos manejos en su partido o en la administración pública. Basta ya de políticos “decentes” sólo porque ellos no roban: la decencia pasa hoy por transparentar la región y el país. Cualquier político que no exija una inmediata sanción a los corruptos que pretenden ampararse en inmunidad e impunidad no son políticos decentes. No solamente hay que ser decentes sino tener la valentía de denunciar la corrupción venga de donde venga. El militante político que no levante una lista de nombres y métodos para excluir definitivamente de su propia casa a los corruptos no debe llamarse militante, menos miembro de un partido o movimiento político que pretende gobernar la región y la nación.

………………

(*) Consultor